domingo, 14 de junio de 2009

Condenado a prisión opositor político

por Juan Carlos Hernández Hernández
Periodista Independiente, Agencia de Prensa Libre Oriental


Juan Carlos Hernández Hernández

12 de Junio de 2009

SANTIAGO DE CUBA. Juan Ramón Olivera Despaigne, miembro del Partido Político 30 de Noviembre, fue condenado a 2 años de prisión por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, por el delito de Atentado en la Causa 146-11-2009. Así lo dio a conocer Ramón Sánchez, Vice-presidente del Frente Juvenil 13 de Marzo.


La información agrega, que Olivera Despaigne, se encontraba vendiendo tomates en la puerta de su domicilio, ubicado en Av. Camilo Cienfuegos No. 9 Interior, e/ R. Peraza y Agüero, Reparto Nuevo Vista Alegre, cuando fue abordado por el Jefe de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria y 2 inspectores estatales, quienes intentaron decomisárselos, bajo el pretexto de actividad económica ilícita.


Testigos en el lugar señalan que Olivera Despaigne se negó a entregarle sus tomates, alegando esos eran producto de su sacrificio y acto seguido comenzó a regalarlos a todo el que pasaba por el lugar, mientras gritaba: “Viva Cuba Libre” y “Vivan los Derechos Humanos”.


En respuesta a su actitud, el Agente de la Policía lo condujo a la Estación policial, conocida como Micro-9, donde permaneció detenido por 5 días y encausado por atentado, ya que una de las inspectoras involucrada en los hechos, declaró haber sido golpeada por dos tomates.


El Jefe del Sector de la Policía también declaró que efectivamente la inspectora había sido golpeada por los tomates. Sin embargo, en el juicio cambió su testimonio, declarando no estar seguro si los tomates la habían golpeado. El opositor político negó en todo momento los cargos.

Aunque los hechos se tipifican bajo una acción civil, durante el desarrollo de la audiencia estuve todo el tiempo presente el Oficial de la Seguridad del Estado “Alejandro”.

Los decomisos en la vía pública por parte de la policía y otros funcionarios estatales es muy común y común es que los ciudadanos no reclamen, por lo que en la mayoría de los casos, se apropian de los bienes decomisados.

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