domingo, 15 de marzo de 2009

Huelga de los Choferes de metrobus en el paradero del Calvario

por Dr. Darsi Ferrer


10 de marzo de 2009


La Habana. Unos 70 choferes, que laboran en las rutas de metrobus conocidas como P-6 y P-8, se declararon en huelga, al medio día de hoy, tras ser testigos presenciales del arresto con uso de la fuerza de uno de sus compañeros, por parte de oficiales del departamento técnico de investigación (DTI) del ministerio del interior. El hecho ocurrió en el paradero del Calvario, en la periferia de la capital habanera.


Luego de rendir viaje, el chofer de alias el “Guajiro” fue sometido por varios oficiales del DTI a un registro sorpresivo de su ómnibus a la entrada del paradero. El hallazgo de cuatro pesos fuera de la alcancía les bastó a los militares para arrestarlo. La reclamación del chofer provocó que le propinaran una golpiza delante de los demás trabajadores y que lo condujeran esposado para la estación policial del Capri.

De modo espontáneo todos los choferes del plantel comenzaron a protestar en solidaridad con el agredido, y a los gritos acalorados de insultos a los policías por su actuar arbitrario, se sumaron otros que pidieron sabotear la actividad laboral, interrumpiendo las salidas planificadas.


La protesta colectiva afectó los viajes de unos 25 ómnibus de transporte de pasajeros, situación que precisó del refuerzo improvisado con choferes de los paraderos de las terminales de Alamar, Mulgova y Alberro.


A la rápida presencia en el centro de decenas de oficiales de la seguridad del estado y de altos funcionarios del ministerio del interior, se sumó, poco tiempo después, la del viceministro del Transporte, acompañado del jefe de gobierno del municipio, así como las máximas autoridades de la empresa Metrobus, tratando de mediar alguna solución al conflicto.


Básicamente la exigencia de los choferes se concentró en que pusieran en libertad a su compañero y que castigaran a los agresores. Algunos expresaron que tenían el temor de que durante el traslado a la estación se hubieran extremado aún más golpeando al Guajiro. Además, reclamaron que terminaran las humillaciones y los malos tratos que reciben cotidianamente de los inspectores del transporte y de los oficiales del DTI.


Sobre las tres de la tarde las autoridades lograron conciliar el acuerdo de que los trabajadores abandonaran la huelga y se reanudaran las actividades laborales, con la promesa de que en menos de 24 horas ellos regresarían al paradero para darle respuesta a las exigencias de los amotinados.


Los operativos de la policía para detectar irregularidades en los metrobus del transporte público comenzaron el 8 de octubre de 2008, con un saldo inicial de 29 choferes arrestados. En lo que va a la fecha, centenares de choferes han sido procesados penalmente o expulsados de su puesto laboral en posteriores redadas. Sólo en el paradero del Calvario 10 trabajadores han sido sancionados, con penas de 1 a 3 años, por el “delito” de manejo indebido de los recursos del Estado.


El modos operandi de la policía consiste en subir en los ómnibus vestidos de civil y se mantienen vigilantes hasta que algún pasajero le entrega el dinero directamente a los choferes en vez de echarlo en la alcancía, prueba suficiente para ellos de delito.

Otra modalidad es parar el ómnibus y registrar a los choferes, si les encuentran dinero en los bolsillos o fuera de la alcancía también lo toman como evidencia de delito. En ambos casos, arrestan automáticamente a los implicados, estos pasan unos días en los calabozos y luego son procesados en juicios sumarios, sin derecho siquiera a un abogado defensor.


Los choferes de los metrobus tienen que trabajar durante largas jornadas por un salario de hambre que no les alcanza ni para cubrir sus necesidades elementales, perciben aproximadamente 130 pesos en la quincena, aunque por nómina está estipulado que pueden ganarse mensualmente 13 dólares y un par de pesos más de estímulo; en la práctica resulta imposible cumplir con los requisitos que se les exigen para alcanzar esa retribución extra.


La población conoce de las penurias de esos trabajadores y algunos prefieren darles el peso en sus manos en vez de echarlo en las alcancías, situación que, en todo caso, hace que sean dichos pasajeros los que infringen su obligación de pagar el ómnibus, y para nada constituye un supuesto delito de parte de los choferes.

Se conoce que en la terminal de ómnibus de San Agustín los trabajadores también se lanzaron a una huelga el pasado mes de enero en protesta por los malos tratos de los que son víctimas, acción que interrumpió por varias horas el servicio de transporte público, y la policía acabó la protesta mediante golpizas, encarcelamientos y expulsiones de los principales responsables.


Posteriormente, el pasado 19 de febrero, un chofer de la ruta P-12 y otro del P-16, de la terminal de Santiago de las Vegas, cayeron en una redada policial en la avenida Acosta esquina 10 de Octubre, y como se resistieron al arresto fueron reducidos por los militares con el uso de la fuerza y llevados para los calabozos de la estación de Aguilera en espera de ser procesados penalmente. Al cabo de unas horas les revocaron la medida y los dejaron en libertad con una multa de 500 pesos a cada uno, para calmar los ánimos de los demás trabajadores de la terminal que desataron una fuerte protesta cuando se enteraron de lo sucedido.


Mientras se tornan más frecuentes este tipo de situaciones abusivas con los trabajadores, las autoridades del gobierno no tienen reparos en anunciar por los medios informativos su declarada guerra contra la vagancia, y el llamado de convertir el trabajo en una necesidad y en un deber de todos los cubanos.

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